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CUESTIONAN LA LEGALIDAD DE LOS CONTROLES CASA POR CASA DE MIGRACIONES A LOS QUE VIAJARON AL EXTERIOR: "SON COMO ALLANAMIENTOS"

Los operativos de personal de Migraciones se realizan con un amplio despliegue de efectivos y vehículos. Acuden a los domicilios de ciudadanos argentinos para comprobar que cumplan la cuarentena. Constitucionalistas advirtieron que ese tipo de acciones pueden violar la ley. Testimonios de personas que fueron “visitadas”.

NACIONALES 07 de julio de 2021 Redacción Posturas
revision migraciones casa

El Gobierno reforzó en las últimas semanas polémicos operativos casa por casa a cargo de Migraciones para controlar que los ciudadanos argentinos que viajaron al exterior cumplan la cuarentena obligatoria. La excusa utilizada era para supuestamente evitar el ingreso masivo y la transmisión local de la variante Delta del coronavirus que golpea con fuerza a varios países y que anticipa una nueva ola de contagios. Pero esos controles generaron rechazos y críticas por la posibilidad de que se esté violando la ley y por los métodos que se aplicaron para llevarlos adelante: “Son como allanamientos”, reconocieron a Infobae viajeros que “sufrieron” ese tipo de actuaciones, hasta tres veces en un mismo domicilio.

El principal cuestionamiento se basa en que la Ley 25.871 establece en su artículo 107 que esa Dirección Nacional tiene “competencia para entender en la admisión, otorgamiento de residencias y su extensión, en el Territorio Nacional y en el exterior, pudiendo a esos efectos establecer nuevas delegaciones, con el objeto de conceder permisos de ingresos; prórrogas de permanencia y cambios de calificación para extranjeros. Asimismo controlará el ingreso y egreso de personas al país y ejercerá el control de permanencia y el poder de policía de extranjeros en todo el Territorio de la República”. Así, la legislación vigente sólo habilita a que Migraciones controle a los extranjeros, pero no a los ciudadanos argentinos en sus domicilios.

Desde el Gobierno aclaran que esos operativos están habilitados por los últimos decretos vinculados a la lucha contra la pandemia que el gobierno de Alberto Fernández dictó tanto en el ámbito sanitario como en lo referido al ingreso y egreso de viajeros al país. Una de las últimas medidas en esa línea todavía sigue generando críticas: el cepo aéreo que sólo habilita la entrada de 600 personas por día. La alerta sobre estos polémicos operativos tomó relieve público por una columna de opinión que publicó hoy el periodista del diario Clarín Ricardo Roa, “Migraciones aprieta a los que vuelven”.

“Todas esas restricciones son inconstitucionalidades porque se basan en DNU y deberían ser realizados a través de leyes, no de decretos. Pero además, son totalmente desproporcionadas. ¿Qué proporción puede existir entre semejantes vejaciones, so pretexto de proteger la salud física? La salud es psíquica, también, y esto produce traumas. Lo que hacen son una intimidación y una irrupción sobre un domicilio privado, no guarda proporción y es un avance sobre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona humana. Hay un principio de menor lesividad que ha sido trabajado en la Corte de Derechos Humanos que establece que toda vez que se decide la restricción a un derecho, debe justificarse que es la menos lesiva al derecho que se está limitando. Y en este caso, más lesiva no puede ser”, aseguró a Infobae el constitucionalista Daniel Sabsay.

Los operativos de la polémica

En las últimas dos semanas el Gobierno intensificó los operativos casa por casa, para controlar a los argentinos que llegaron al país desde el exterior. Funcionarios de Migraciones llegan a los domicilios, a veces junto a funcionarios de las provincias, y de las Fuerzas de Seguridad Federales, para constatar que las personas hayan dado las direcciones donde efectivamente pasan las cuarentenas. Se labran actas a aquellos que no cumplen o no colaboran, y se informa al Ministerio de Salud sobre los porcentajes de cumplimiento. En la Casa Rosada justifican ese tipo de operativos en que se busca prevenir la circulación de la cepa Delta del coronavirus.

Tanto es así que la Dirección de Migraciones, que encabeza Florencia Carignano, ordenó recientemente a sus delegaciones locales en las provincias aumentar las “visitas” a los domicilios para constatar la veracidad de la información que cada argentino proporciona en su declaración jurada al ingresar al país, y constatar que estén en el domicilio durante los días posteriores a su regreso. Luego deriva esa información a la Justicia y al Ministerio de Salud.

Estos controles se realizan también como forma de alertar a los viajantes de que cumplan el aislamiento. Hace tres semanas, habían detectado que un 40 por ciento -según cifras del Gobierno- no cumplía con la normativa sanitaria vigente en el DNU presidencial. Desde la Casa Rosada destacan como un éxito que ese número bajó al 18 por ciento. También empezaron a realizar reportes más exhaustivos sobre el comportamiento de los viajeros en sus domicilios.

La intensificación de los controles generó quejas y malestar entre algunos de los recién llegados, según testimonios que recogió Infobae. “Te tocan timbre, te hacen bajar con DNI. Yo les pedí una orden judicial, para constatar qué hacían, y no exhibieron su identificación”, dijo un vecino de la Ciudad que prefirió reservar su identidad, y que recibió una visita recientemente. “La segunda vez que vinieron, estaban prevenidos. Cuando llegaron me mostraron una resolución de Migraciones y una credencial. Te hacen el control con personal con chalecos antibalas, carpetas, al estilo de un allanamiento. Lo hacen en el palier de tu edificio, frente a los vecinos. Te hacen quedar como un delincuente”, agregó. En la Nación aseguraron que “jamás tuvieron un problema” durante los controles.

Los funcionarios se presentan en las casas de los recién llegados junto a funcionarios de las jurisdicciones, o con agentes de las fuerzas policiales federales, pudo confirmar este medio. Piden a las personas que viajaron que se hagan presentes en las puertas con sus documentos de identidad. En el caso de que no estén, los funcionarios de Migraciones les indican a los agentes de seguridad que los acompañan que les labren un acta, que luego derivan a la Justicia. Y si están en el domicilio, pero se niegan a hacerse presentes, los consideran como ausentes o bien dan cuenta de que se negaron a colaborar.

Desde la cartera de Seguridad, que conduce Sabina Frederic, aseguraron que este tipo de operaciones son “aleatorias” y que “nunca se dejaron de hacer” desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020. Sin embargo, en Migraciones aseguraron que en las últimas dos semanas hubo un incremento a partir de la preocupación del Ministerio de Salud, en particular, y del Gobierno en general por el ingreso y la circulación comunitaria de la cepa Delta del coronavirus.

Más críticas a los operativos

La legislación que está en el centro de la polémica es la que regula la actuación de la Dirección Nacional de Migraciones. Esta es clara sobre los límites de su función y, sobre todo, en lo referido a los ciudadanos argentinos, el lugar donde puede ejercer su poder de policía: “Controlará el ingreso y egreso de personas al país y ejercerá el control de permanencia y el poder de policía de extranjeros en todo el Territorio de la República”.

El constitucionalista Gustavo Arballo, ante una consulta de Infobae, opinó: “Siendo una medida de pura constatación, entiendo que si son autoridad de un reglamento migratorio, ello los faculta para controlar su cumplimiento” pero “ello no abarca el permiso para entrar, lo que obviamente es una medida restrictiva que requiere orden de allanamiento de un juez. Solo digamos a “preguntar desde la puerta”, o “tocar el timbre”, dijo.

Por su parte, el jurista Félix Lonigro agregó: “Esos controles pueden ser efectivamente desarrollados por integrantes de las fuerzas de seguridad interior nacionales (Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, Policía Aeroportuaria) o por policías provinciales. No por las Fuerzas Armadas, porque para ello habría que declarar previamente el estado de sitio, tal como lo dispone la ley de seguridad interior. El personal de Migraciones podría controlar, pero para ejecutar una orden de detención ante la flagrancia de un incumplimiento, debería apelar a un integrante de las fuerzas de seguridad antes mencionadas”, expresó.

En la Nación aludieron al momento de excepcionalidad vigente en el país por la emergencia sanitaria. “Este tipo de control obviamente no está dentro de nuestras funciones ni tenemos poder de policía. Pero el decreto presidencial vigente nos pide que colaboremos con el control, y eso estamos haciendo”, justificaron fuentes del Ministerio del Interior. En algunas provincias, como Buenos Aires, o Santa Fe, los funcionarios nacionales trabajan junto a agentes que dependen de las jurisdicciones, sean provinciales o municipales. En otras, como la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, llegan con efectivos de la Policía Federal.

Mientras tanto, cada distrito ejerce sus propios controles, con llamadas y visitas presenciales. La Ciudad de Buenos Aires tiene un protocolo sanitario que consiste en un seguimiento telefónico, la obligatoriedad de un testeo y la visita a los domicilios. La llevan a cabo las comunas, que reportan a la Ciudad.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, en tanto, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó los controles de Migraciones: “Me parece bien controlar. Pero el sistema no tiene que ser de amedrentamiento. Tiene que ser un sistema razonable, con llamadas por teléfono, como cuando el Estado se comunica con las personas cuando tienen covid y están en sus casas. Si te llamaran dos o tres veces por día sería más razonable. Me parece bien cuidarnos de que entre la cepa Delta, pero hay que tratar de usar un sistema menos invasivo”.

“Las fuerzas de seguridad tienen que estar para otra cosa, porque hay delito. El sistema de control debería ser más moderno. Y se debería llamar mucho a la responsabilidad, a concientizar sobre lo que significa el tema. Puede ser que alguno se te escape, pero también te pasa poniendo a las fuerzas de seguridad o de Migraciones. ¿Qué va a hacer el miembro de la fuerza de seguridad? ¿Se va a parar en la puerta de cada casa? No estamos en el día a día para saber qué ha sucedido con esto. Pero no me gusta esto de usar a las fuerzas de seguridad como a los malos de la película”, consideró.

Finalmente, advirtió que “hay una desigualdad ante la ley, porque a los funcionarios que llegan desde afuera no se los controla. Y a las personas de a pie se las controla como si tuvieran una pulsera electrónica. Es desigualdad ante la ley. Para que la sociedad sienta que hay justicia, todos tenemos que cumplir las mismas normas. Está claro que se quiere evitar que entre la variante Delta. Pero esto no puede ser contra gente que se fue a vacunar y no puede volver. No puede pasar que algunos sean ciudadanos de primera y otros de segunda. A lo primero que hay que apuntar es a la responsabilidad individual. Esta idea de que el Estado te controla y te cuida es mentira. Porque durante la cuarentena te decían que estaba todo cerrado y muchos intendentes miraban para otro lado”.

Fuente: infobae.com

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