El Gobierno logró convertir en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió volver a modificar el texto para reunir los apoyos necesarios. Después de haber eliminado el capítulo referido a la extranjerización de las tierras rurales, el oficialismo también tuvo que resignar la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, que no logró el respaldo de varios de sus habituales aliados.
La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos contra 33, con el apoyo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la UCR, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. En contra se pronunciaron el interbloque justicialista, Convicción Federal y otros representantes provinciales.
Desalojos
El proyecto finalmente mantuvo las reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales y a endurecer las condiciones para las expropiaciones, dos de los principales objetivos impulsados por el Gobierno de Javier Milei en materia de protección del derecho de propiedad.
Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta pretendía flexibilizar las restricciones que hoy impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante 60 años en el caso de bosques nativos y humedales y por 30 años para las tierras agropecuarias.
El Gobierno argumentaba que el régimen vigente, aprobado en 2020, castigaba a los propietarios de inmuebles incendiados al impedirles desarrollar nuevos proyectos sobre esas tierras. No obstante, la iniciativa fue rechazada por un grupo de senadores dialoguistas que consideró inconveniente modificar esa normativa.
Entre quienes votaron en contra de ese capítulo estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, la chubutense Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
En cambio, el capítulo referido a los desalojos prosperó con 36 votos afirmativos, ya que Terenzi optó por abstenerse. La nueva legislación establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, reemplazando el procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos judiciales.
Ley de Tierras
La Cámara alta había retomado el tratamiento del proyecto luego de que el Ejecutivo resolviera retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales, una decisión tomada tras la resistencia planteada por gobernadores y bloques dialoguistas que advertían sobre las consecuencias de flexibilizar el régimen de propiedad de tierras.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca «simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales» y garantizar el principio constitucional que protege la propiedad privada.
Según explicó el legislador libertario, la reforma procura brindar mayor seguridad jurídica y evitar que quienes sufren ocupaciones ilegales deban atravesar largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles.
En el cierre del debate, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, lanzó una de las críticas más duras contra el proyecto. Lo calificó como «un asco» y sostuvo que las modificaciones a la Ley de Expropiaciones resultan «inconstitucionales de cabo a rabo». Además, afirmó que la iniciativa busca impedir que el Estado pueda recuperar bienes estratégicos que eventualmente sean privatizados.
En representación del oficialismo, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió la norma al señalar que «viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado» por las usurpaciones y por un Estado que, según sostuvo, no protegía adecuadamente el derecho de propiedad.
«Ahora nadie te va a poder avasallar. El Estado te va a proteger y no te va a usurpar», aseguró la senadora, quien sostuvo que la ley busca dar previsibilidad y seguridad jurídica para las próximas generaciones.
Desde la oposición, el pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como «un nuevo mamarracho» del Gobierno y cuestionó el trámite parlamentario, al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen apenas una hora antes del inicio de la sesión y con numerosas modificaciones.
También la rionegrina Ana Marks cuestionó el enfoque del oficialismo al sostener que considerar la tierra únicamente como un activo económico implica desconocer su función social. Además, criticó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno no ofrece respuestas para quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda.
Desde el oficialismo, Gonzalo Guzmán Coraita respondió que la Argentina necesita «reglas claras para ser un país previsible», mientras que la senadora Nadia Márquez sostuvo que la ley apunta a terminar con las usurpaciones, agilizar la recuperación de inmuebles, limitar las expropiaciones y generar mejores condiciones para atraer inversiones.
En tanto, el radical Maximiliano Abad acompañó la aprobación de la ley en general, aunque dejó una advertencia respecto del rumbo económico. Afirmó que las inversiones no llegarán únicamente por modificar normas específicas, sino que dependerán de la estabilidad macroeconómica, la solidez institucional y una política exterior consistente y sostenida en el tiempo.
