El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cuestionó este domingo los recortes en los fondos para discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 del oficialismo y anticipó que su provincia no los va a acompañar en el Congreso.
“Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto Nacional que afecte estos derechos”, sentenció en su cuenta de X.
En el mismo mensaje, Llaryora sostuvo que en su provincia el área “es una prioridad” y que “no es beneficencia ni caridad”. Agregó que las prestaciones, los traslados y las terapias “no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”.
Llaryora también se dirigió a sus legisladores en ambas cámaras y al Congreso en general que no permitan la aprobación de lo que las personas afectadas viven como “un acto de crueldad”. El gobernador también advirtió que el esfuerzo que hace la provincia junto a casi 350 organizaciones y a los gobiernos locales “no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades”. Y sumó: “Esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”.
“Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco. Detrás de cada política de discapacidad hay personas, familias y realidades que necesitan acompañamiento. Por eso, las medidas integrales y el compromiso del Estado con las personas con discapacidad son indispensables”, finalizó el mandatario.
El posicionamiento de Llaryora llega luego de que el Ejecutivo enviara al Congreso una Ley de Presupuesto que contemplaba en uno de sus apartados una modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada por la oposición el año pasado.
Sin embargo, el oficialismo proponía eliminar los valores universales del Nomenclador de Prestaciones Básicas, reemplazar la actualización mensual de aranceles por una revisión trimestral y retomar el criterio de invalidez laboral para las pensiones no contributivas, con un haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. El texto además dejaba al Certificado Único de Discapacidad (CUD) sin acceso directo al beneficio y establecía la incompatibilidad entre la pensión y el empleo formal o el monotributo.
El capítulo generó fricciones con los aliados del oficialismo, con organizaciones del sector y con algunos propios integrantes de La Libertad Avanza. En ese contexto, el Gobierno lleva adelante negociaciones para avanzar con un nuevo proyecto mientras la Cámara de Diputados debate iniciativas para prorrogar la emergencia en discapacidad vigente, que vence a fin de año.
(Fuente: TN)
