La Justicia de Río de Janeiro otorgó un habeas corpus a la abogada argentina Agostina Páez, detenida desde hace dos meses y medio en Brasil, lo que le permitirá regresar al país bajo determinadas condiciones. La resolución implica el levantamiento de medidas restrictivas como la tobillera electrónica y la retención del pasaporte, aunque exige el pago de una caución equivalente a 60 salarios mínimos brasileños, cercana a los 20.000 dólares, y la declaración de un domicilio actualizado en Argentina .
El fallo, firmado por el camarista Luciano Silva Barreto, revierte la decisión de primera instancia que mantenía a Páez bajo estricta vigilancia en territorio brasileño. El magistrado consideró que la permanencia forzada de la joven carecía de sustento legal una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas, calificando la situación como un “constrangimento ilegal flagrante”, es decir, una restricción de la libertad sin fundamento jurídico válido .
En ese sentido, el tribunal sostuvo que la continuidad de las medidas cautelares se había transformado en una pena anticipada, algo incompatible con el principio de presunción de inocencia. Además, remarcó la desproporción de mantener a una persona sin antecedentes penales, extranjera y con arraigo en su país, alejada de su entorno familiar y laboral sin justificación procesal .
La defensa de Páez valoró la decisión como un avance significativo. La abogada brasileña Carla Junqueira confirmó que se iniciarán los trámites para concretar el regreso en los próximos días. También destacó que el monto de la caución representa una reducción considerable respecto de los 150.000 dólares que se habían planteado inicialmente .
El caso se originó el 14 de enero en Ipanema, cuando la joven fue denunciada por realizar gestos considerados racistas contra empleados de un bar. A pesar de que la causa penal continúa en curso en Brasil, la resolución le permitirá esperar la sentencia desde Argentina. Fuentes judiciales indicaron que, una vez abonada la caución, se procederá de inmediato a retirar los dispositivos de control y autorizar su salida del país .
(Fuente: La Nación)
