El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de ley conocido como Ley Hojarasca, con el objetivo de avanzar en una depuración del sistema normativo argentino mediante la derogación de 70 leyes consideradas “obsoletas” o innecesarias.
Según se detalla en los fundamentos, la iniciativa apunta a “reducir la sobreabundancia normativa que caracteriza al ordenamiento jurídico argentino”, al sostener que la acumulación de leyes a lo largo del tiempo generó “un sistema complejo, muchas veces contradictorio y de difícil aplicación”.
En esa línea, el texto advierte que la existencia de normas en desuso no es inocua, ya que “genera incertidumbre jurídica y aumenta los costos de cumplimiento para los ciudadanos y las empresas”. Por eso, propone avanzar en una revisión integral que permita eliminar aquellas disposiciones que “han perdido vigencia práctica o han sido superadas por normativa posterior”.
El proyecto también se inscribe en la estrategia de desregulación del Gobierno. De acuerdo con los fundamentos, el objetivo es “promover un marco normativo más claro, accesible y eficiente”, reduciendo la intervención estatal en ámbitos donde se considera innecesaria. Es impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y ya había sido presentado en 2024.
Además, se remarca que la iniciativa busca ordenar el sistema legal bajo criterios de racionalidad, al señalar que “la proliferación de normas sin una adecuada depuración atenta contra la seguridad jurídica”, uno de los ejes centrales de la política económica oficial.
En tanto, el texto sostiene que la medida permitirá avanzar hacia un esquema más simple y previsible, al destacar que “un ordenamiento jurídico claro y coherente resulta esencial para el desarrollo de las actividades económicas y el pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
El proyecto también pone el foco en el impacto que tiene la acumulación normativa sobre el funcionamiento del Estado. En los fundamentos se señala que “la dispersión y superposición de normas dificulta la gestión pública”, lo que deriva en “ineficiencias operativas y mayores costos administrativos”.
En ese sentido, se advierte que muchas de las leyes vigentes “no solo carecen de aplicación efectiva, sino que además entorpecen la toma de decisiones”, al generar marcos regulatorios confusos o contradictorios. Por eso, la iniciativa propone avanzar en una limpieza del sistema que permita “optimizar el funcionamiento de las instituciones”.
Otro de los puntos que destaca el texto es el impacto sobre el sector privado. Según se argumenta, el exceso de regulación “constituye una barrera para el desarrollo de la actividad económica”, ya que obliga a ciudadanos y empresas a “navegar un entramado normativo complejo y muchas veces innecesario”.
Asimismo, el documento remarca que la falta de actualización del marco legal genera distorsiones. En ese sentido, indica que existen normas que “responden a contextos históricos, económicos y sociales que ya no existen”, lo que refuerza la necesidad de una revisión integral.
La iniciativa también subraya la importancia de avanzar hacia un sistema más accesible para la ciudadanía. En los fundamentos se plantea que “el conocimiento y comprensión de la ley por parte de los ciudadanos se ve afectado por la proliferación normativa”, lo que atenta contra el principio de transparencia.
Finalmente, la iniciativa destaca que el objetivo “no es solo eliminar normas, sino establecer un criterio a futuro”. Según se sostiene, la depuración propuesta apunta a “sentar las bases de un ordenamiento jurídico más racional y dinámico”, que evite volver a caer en la acumulación desordenada de leyes.
(Fuente: TN)
