MODIFICAN LA REGLAMENTACIÓN PARA LAS MOTOS QUE CIRCULAN CON ESCAPE LIBRE

El Departamento Ejecutivo Municipal procedió a modificar el decreto que reglamentaba la ordenanza 21.423 (sancionada a mediados de 2023), de modo de agilizar el procedimiento frente a motociclistas que circulan con vehículos con escape libre, que se considera una de las principales fuentes de contaminación sonora y de emisión de gases tóxicos.

Desde el Tribunal de Faltas, se habia confirmado que los mecanismos para llevar a la práctica la ordenanza resultaban ser “de dificultosa aplicación”. Esa falta de practicidad, se detalla en los considerandos de la modificaciòn mencionada.

El Ejecutivo planteó un nuevo procedimiento, al que definen de “robusto” y que prioriza la salud pública. Está demostrado que la exposición a los ruidos excesivos genera efectos adversos sobre la audición, el sueño, la salud mental, el rendimiento, genera interferencias en la comunicación y altera el aprendizaje en niños.

La Organización Mundial de la Salud define como ruido a todo sonido superior a 65 decibeles (dB) y recomienda que el nivel sea inferior a ese valor durante el día y menor a 55 dB durante la noche. A partir de los 85 decibeles puede generar daños auditivos cuando la exposición es prolongada. El escape libre puede llegar a producir ruidos de hasta 130 dB.

A partir del nuevo decreto, la autoridad de aplicación pasó a ser el Juzgado Municipal de Faltas, que trabajará en coordinación con la Subsecretaría de Protección Ciudadana, reemplazando a la Dirección General de Ordenamiento Urbano designada dos años atrás.

Hasta ahora, la metodología establecía que las motos con escapes inadecuados eran detenidas, pero que se debía realizar la medición del ruido en el lugar antes de proceder a su secuestro.

A partir de ahora, la detección de un escape ilegal permite su retención preventiva y traslado al depósito municipal para, luego, realizar las verificaciones que correspondan.

Se establece, además, que utilizar estos caños conforma una falta grave con una multa que oscila en alrededor de 482 mil pesos y que puede llegar hasta $ 1.600.000, de acuerdo con el criterio del juez, o en caso de ser un infractor reincidente.