Una verdadera guerra empresarial se desató alrededor del negocio del biodiésel en la Argentina. La discusión enfrenta a las grandes compañías aceiteras con las pequeñas y medianas empresas que actualmente abastecen el mercado interno, en medio del tratamiento de un proyecto de ley que promete modificar las reglas de una actividad que mueve alrededor de 700 millones de dólares anuales.
En el centro de esa disputa aparece Juan Carlos Bojanich, uno de los empresarios más influyentes de Bahía Blanca.
A través del Grupo Bahía Energía, el empresario está vinculado con seis compañías productoras: Biobahía, Biobin, Bio Ramallo, Biobal Energy, Biocorba y Refinar Bio. Estas firmas participan del sistema de cupos mediante el cual el Estado determina los volúmenes de biodiésel que las petroleras deben adquirir para mezclar con el gasoil.
De acuerdo con las asignaciones oficiales correspondientes a octubre, esas seis empresas recibieron en conjunto 21.696 toneladas, equivalentes al 29,4% de las 73.850 toneladas distribuidas entre las productoras durante ese mes. Se trata de una participación superior al rango del 22% al 25% que se había atribuido al grupo en relevamientos anteriores.
La controversia tendrá un nuevo capítulo este miércoles 28 de octubre, a las 12, cuando las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados se reúnan para analizar el proyecto que obtuvo media sanción del Senado el pasado 17 de septiembre, con 41 votos a favor y 25 en contra.
La iniciativa propone avanzar hacia un sistema de mayor competencia, incorporar subastas para la comercialización y aumentar progresivamente el porcentaje obligatorio de biodiésel en el gasoil, que pasaría del 7,5% al 10% un año después de la eventual sanción de la norma.
