El 10 de agosto de 2022, Bahía Blanca amaneció con una noticia de impacto nacional: la orden judicial para una batería de más de 10 allanamientos, la mayoría en nuestra ciudad, relacionados con el presunto contrabando y evasión fiscal de una pesquera internacional de origen chino con asiento en el puerto de Ingeniero White.
Personal de la Policía Federal, bajo órdenes del Juzgado Federal N° 1 de este medio, revisó las oficinas de White Gulf, ubicadas en el muelle Ministro Carranza de la terminal local, el domicilio del dueño de la firma, Yi Sun, un lujoso piso en la segunda cuadra de Hipólito Yrigoyen, y otras viviendas de directivos de la empresa.
La lupa Se había posado en dos asiáticos: además de Yi Sun figuraba Rong Ding, su principal accionista. Y también se investigaba a un despachante de aduana y a una contadora, a partir de la denuncia, formulada en octubre de 2021, que daba cuenta de posibles maniobras de contrabando, una millonaria evasión tributaria y, presuntamente, hasta lavado de activos.
La principal hipótesis apuntaba a que, para la venta de productos al exterior, se valían de una triangulación que permitía evadir impuestos y sacar ganancias a cuentas de afuera por más de 100 millones de dólares.
En los allanamientos se secuestraron varias computadoras, notebooks, pendrives y celulares, además de casi 30 cajas con archivos de documentos que motivaron un minucioso y prolongado análisis por parte de peritos.
El paso del tiempo, como sucede con cualquier caso que en un principio concita interés público, le quitó cartelera a la noticia. Más allá de tratar de saldar la deuda, el objetivo de la defensa de los asiáticos era otro: lograr la suspensión y la extinción de la acción penal.
Sin embargo, los jueces de instancias inferiores -tanto Walter López Da Silva como la Cámara Federal de Apelaciones de nuestra ciudad- rechazaron sucesivamente la pretensión defensista, bajo el argumento que se debía profundizar la investigación.
Es decir que no descartaban la posible existencia de una asociación ilícita y maniobras de lavado de activos, sugeridas por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Proselac).
De todas maneras, el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal y en los últimos días ese cuerpo modificó la postura judicial, anuló los fallos previos y, por mayoría de opiniones, le "bajó línea" a los jueces preliminares para suspender y extinguir la acción penal contra los imputados.
