El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga de 15 días para presentar ante la Justicia la documentación con la que deberá justificar su evolución patrimonial, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El plazo original vencía este miércoles y ahora será el juez federal Ariel Lijo quien deberá resolver si concede la extensión solicitada por la defensa.
El pedido fue presentado por su abogado, Matías Ledesma, quien argumentó que todavía no pudo acceder ni revisar toda la documentación y los archivos citados por el fiscal federal Gerardo Pollicita. El fiscal había intimado a Adorni el 10 de agosto a explicar distintos movimientos económicos detectados desde su ingreso a la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta su renuncia, el 27 de junio pasado.
Según el requerimiento fiscal, existen gastos familiares que superan en más de 43 millones de pesos los ingresos comprobados durante el período analizado. La fiscalía calculó ingresos por $229.752.283,20, correspondientes a 35 sueldos de Adorni y a los ingresos acreditados de su cónyuge, frente a erogaciones por $272.820.832,20. Además, señaló que hay US$402.578,12 cuyo origen no pudo ser corroborado.
“La intimación comprende los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente”, sostuvo Pollicita. También señaló un “incremento patrimonial evidenciado a título personal y a través de su cónyuge”.
Entre los 20 puntos que Adorni deberá aclarar figuran el origen de dólares declarados, operaciones inmobiliarias, préstamos atribuidos a familiares, herencias, donaciones, pagos realizados por personas de su entorno y movimientos con criptoactivos que no habrían sido incorporados a sus declaraciones juradas. Parte del dinero investigado habría sido destinado a la compra y refacción de una vivienda en el country Indio Cuá, un departamento y mobiliario.
El requerimiento tiene 207 páginas y no fue difundido públicamente porque contiene información bancaria y patrimonial considerada de carácter reservado. Si las explicaciones resultan insuficientes, la fiscalía podrá solicitar su citación a declaración indagatoria. La decisión final de convocarlo como acusado quedará en manos del juez Lijo.
(Fuente: La Nación)
