La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó a más de 500 trabajadores de servicios de practicaje y pilotaje del país a retomar sus actividades de inmediato en todos los puertos del país. Todavía permanecen 140 buques detenidos debido a que no cuentan con esta asistencia y el problema también afecta a Bahía Blanca.
La decisión del Gobierno se formalizó este martes a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial.
“En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (...) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, sostiene el edicto de la Prefectura Naval.
La medida de fuerza de los profesionales encargados de asistir a los buques en las maniobras de ingreso y salida de ríos, canales y puertos, mantiene interrumpida a la actividad portuaria y afecta la operatoria del comercio exterior.
El conflicto impacta con mayor fuerza en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, el principal polo agroexportador del país, donde varios buques permanecen fondeados a la espera de ingresar a operar. Pero también las terminales bonaerenses sienten con fuerza la protesta.
En tanto, los buques que transportan petróleo y gas siguen operando con normalidad para no afectar el abastecimiento interno de combustibles.
Las claves del conflicto
Un cambio en las reglas del practicaje, el servicio que asiste a los buques en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, desató un conflicto entre el Gobierno y los profesionales del sector que impacta en las distintas terminales del país.
Desde este sábado 1° de agosto, los prácticos, pilotos y baqueanos resolvieron no aceptar nuevas asignaciones de trabajo hasta que el Gobierno suspenda o derogue el decreto 690.
Los prácticos son considerados clave para la seguridad de la navegación en tramos complejos, como ríos, canales y accesos portuarios. El comercio exterior argentino depende de su trabajo, ya que intervienen en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, la vía de salida de gran parte de las exportaciones del país.
El detonante fue el decreto 690, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial. La norma sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991 y apunta a modificar varios de sus aspectos centrales:
Según el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, las normas actuales frenan la competencia y consecuentemente aumentan los costos, que serían del doble o el triple de lo que se paga por los mismos servicios en puertos europeos o norteamericanos.
(Fuente: TN)
