El asesinato de una mujer por una deuda impaga en un préstamo informal muestra en Rosario la complicada dimensión que adquieren las acciones de las redes de usura. Una problemática que implica acciones violentas que se notan, sobre todo, en los circuitos del juego ilegal online, un fenómeno de gran penetración en sectores medios y bajos que empieza a aflorar en audiencias judiciales.
A este hecho cruento se suma la incertidumbre por la desaparición hace 45 días de un joven de 25 años, desde el 8 de septiembre, cuando dejó de tener contacto con su familia. Se llama Franco Aguirre, vive en la zona oeste de Rosario y, según la denuncia de su padre, antes de su inmotivada ausencia había contraído deudas con prestamistas informales.
Este viernes hubo en Rosario una audiencia judicial donde imputaron a tres personas por el asesinato de Natalia Andrea Giménez. Esta mujer de 35 años había tomado un préstamo de 400 mil pesos y al mes debía devolver 800 mil. No pudo. Un sicario entró a su vivienda de Abanderado Grandoli al 3800, en la zona sur rosarina, y le provocó una muerte cruel que tuvo todos los elementos de un mensaje. Lo hizo con golpes de puño y un elemento cortante que abrió heridas de diferente profundidad. La mayoría en la cara y en los ojos.
El mandato para semejante ataque provino desde una prisión que está al lado de la Jefatura de Policía de Rosario. Está acusado de ordenarlo Germán Angel Carrizo, a quien apodan Pelado, que cumple condena por homicidio en la Unidad Penitenciaria 6. El que ejecutó el femicidio es Paulo Alejandro Alvarez. También participó en la trama una mujer llamada Stella Maris Palacio. Los tres fueron imputados de homicidio calificado por ensañamiento y alevosía. Pero los dos últimos, en el marco del mismo caso, por usura agravada por habitualidad.
Durante una requisa a la celda del detenido, le encontraron un cuaderno de anotaciones manuscritas, donde figuraban 54 operaciones de crédito, con referencias a nombres, números telefónicos, sumas entregadas y montos exigidos para su devolución. Una de ellas era la de la mujer asesinada.
Según planteó la fiscal Paula Barros este viernes ante el juez Federico Rébola, se estableció que Alvarez y Palacio actuaban conjuntamente tras desarrollar de forma habitual una actividad de otorgar préstamos de dinero a distintas personas. Para estos créditos, imponían intereses y ventajas pecuniarias totalmente desproporcionados respecto de las sumas prestadas. En general, sostuvo la fiscal, se aprovechaban de personas de condición humilde y muy necesitadas de dinero.
Este evento extremo visibiliza en Rosario un fenómeno social muy difundido que es el del endeudamiento con prestamistas del sector no financiero, algo que también se constata muy fuerte en el conurbano bonaerense. Los casos de morosidad raramente terminan en un homicidio de esta fiereza. Pero en la Fiscalía Regional de Rosario están investigados niveles de intimidación para deudores desesperados que sí están verificados judicialmente. La temática tiene una convergencia con un circuito cada vez más extendido, que es el del juego vía plataformas online que explotan organizaciones criminales que manejan violencia.
Funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe que hablaron con LPO indican que es muy notorio, por trabajos de operadores comunitarios de la cartera y de otras instituciones, que el endeudamiento de particulares se extiende en los barrios rosarinos, incluso en sectores de trabajadores formales como docentes. Que los hay de tres modos: con tarjeta de crédito, con billeteras virtuales y con el del dinero negro que fluye a travésde prestamistas informales.
Es acá donde aparece el lazo con la violencia de personasque en los momentos críticos, cuando sufren las amenazas al cortarse elcircuito de repago, optan por no denunciar. Lo que complica la intervención deinstituciones de investigación y persecución de delitos.
"En algunos casos no denuncian porque hay un mecanismo de asignación de culpa a ellos mismos por tomar deudas y, por tanto, hay vergüenza o una distorsionada aceptación de que la violencia la generaron ellos. También hay miedo a denunciar y se verificaron casos donde las personas endeudadas se van de sus casas para evitar que las localice el acreedor", indica un funcionario de la cartera.
Desde Seguridad de Santa Fe remarcan que efectivamente hay casos de violencia ligada a la usura pero que no son constantes ni tienen una incidencia alta en los delitos que implican violencia armada o letal. Existen pero no son típicos. "No vemos una utilización de violencia sistemática contra endeudados. No es un factor primordial asociado a la circulación actual de violencia. Pero lógicamente existe", señala otro responsable del área del gobierno de Maximiliano Pullaro.
El informe de gestión 2025 de la Fiscalía General de Santa Fe, a cargo de María Cecilia Vranicich, destaca que en ese año se evidenció un fuerte cruce entre los delitos de usura y su mutación sistémica hacia la extorsión, lo que la convierte en herramientas de control territorial del crimen organizado.
Prevalece el sistema llamado gota a gota, donde los usureros entregan dinero a cambio de cuotas de devolución diaria, que muy a menudo suelen cortarse por la informalidad en la generación de ingresos de los deudores.
El fenómeno más grave toma forma en Rosario, donde durante 2025 se impulsaron 795 legajos bajo la calificación penal de "extorsión" o "extorsiones a comerciantes", casi el 80 por ciento del total en la provincia de Santa Fe. Aunque ese es un delito genérico que no permite discriminar en cuántos casos las víctimas lo son tras haber tomado un préstamo.
No obstante las investigaciones fiscales de 2025 y 2026 demuestran un modus operandi donde la usura es la puerta de entrada a la extorsión violenta. Primero la captación digital, que es el canal donde las estructuras criminales utilizan redes sociales falsas ofreciendo préstamos rápidos a personas vulnerables, que toman deudas para cubrir canastas básicas, pagos de servicios como luz, gas o agua -que aumentaron por encima de la inflación-, o de alquiler, en un marco donde hay parálisis de actividad o crecientes problemas de empleo.
Ante el cobro de tasas usurarias impagables, los delincuentes escalan las amenazas. Estas inician de forma verbal, pasan al envío de imágenes intimidantes o abusivas y culminan con el despliegue de grupos armados en los domicilios de las víctimas.
(Fuente: La Política Online)
