El gobierno bonaerense denunciará penalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por la presunta malversación de fondos públicos y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la falta de ejecución de recursos destinados a obras para prevenir inundaciones.
El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis, quien aseguró que el Gobierno nacional utiliza apenas uno de cada tres pesos del Fondo Hídrico, financiado con parte de los impuestos a los combustibles.
“Queremos anunciarles que por instrucción del gobernador vamos a denunciar penalmente al presidente de la Nación, (Javier) Milei, al ministro de Economía, (Luis) Caputo, y a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad” en la presunta comisión de delitos, expresó el funcionario.
Katopodis sostuvo que el Fondo Hídrico acumula un saldo de 339.993 millones de pesos que, según denunció, no fueron destinados a obras hidráulicas, y acusó al Ejecutivo nacional de “haber desviado recursos” hacia operaciones financieras, en lugar de utilizarlos para prevenir inundaciones.
Advirtió, además, que la situación resulta especialmente grave ante las consecuencias del fenómeno climático de El Niño, que podría provocar fuertes precipitaciones en los próximos meses. “Vamos a tener que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses una situación muy, pero muy grave”, alertó.
Asimismo cuestionó que la Nación no autorice créditos internacionales solicitados por Buenos Aires para financiar obras hidráulicas y señaló que, mientras otras diez provincias recibieron avales para 18 préstamos por 1.973 millones de dólares, el distrito bonaerense continúa esperando autorizaciones para proyectos prioritarios.
Entre ellos mencionó las obras de las cuencas San Francisco-Las Piedras y del río Salado, además de un crédito de 200 millones de dólares del Banco Mundial destinado a infraestructura para prevenir inundaciones que, según afirmó, permanece sin ejecutar.
Por otra parte, Katopodis anunció que la Provincia “participará el 26 de octubre” de la audiencia pública convocada por el Estado nacional “para impugnar” los aumentos tarifarios de AySA y cuestionar su privatización.
El ministro sostuvo que las tarifas “acumulan incrementos superiores al 500%” y reclamó garantías para la continuidad de las obras de expansión de las redes de agua potable y cloacas.
