El Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2 decidió extender la prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, y seguirá cumpliendo la condena por la causa Vialidad en San José 1111.
El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu afirmó que la líder peronista “ha cumplido adecuadamente” con el “deber de permanencia” y con las pautas establecidas con respecto a las visitas, según el fallo.
Tras haber solicitado medidas para conocer con precisión sus movimientos dentro del departamento donde cumple la condena a 6 años de prisión, el magistrado señaló que acató las reglas impuestas de acuerdo a los informes realizados por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).
En su informe trimestral, la DCAEP hizo entrevistas domiciliarias de forma aleatoria en las que Cristina “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”.
Durante este período, solo tuvo una salida autorizada por la Justicia para una consulta médica que se realizó “sin inconvenientes”. Con respecto a las visitas, afirmaron que “se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal”, y solo hubo una demora con una visitante que fue debidamente explicado.
La exmandataria también continuó con sus actividades y el monitoreo electrónico no mostró inconvenientes.
Además, pese a las movilizaciones que hubo a su domicilio, la Justicia advirtió que no hubo comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas de los vecinos.
“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, agregó el juez.
Esta disposición se da luego de que el TOF N°2 confirmó el embargo preventivo de varios bienes de la exmandataria y los otros condenados en la causa Vialidad, entre ellos el departamento de San José 1111. Así, buscan alcanzar un decomiso de alrededor de los $685.000 millones del perjuicio económico total ocasionado al Estado argentino por los delitos de corrupción juzgado en la causa.
Recientemente, la Cámara Federal de Casación porteña rechazó dos recursos de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, para frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A y Hotesur S.A.
A esto, se suma la investigación por la compra del departamento ubicado debajo del suyo por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según afirmó ante la Justicia, lo habría adquirido para que funcione una fundación, sin mayores precisiones.
Por otro lado, se reveló que el senador nacional peronista Mariano Recalde también es propietario de un departamento en San José 1111. En este caso, se trata del inmueble ubicado en el primer piso.
(Fuente: NA)
