La empresa avícola Granja Tres Arroyos despidió a 255 trabajadores de su planta de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Según argumentó la firma en el telegrama que fue enviado a los empleados, la decisión responde a la fuerte caída de la actividad provocada por las restricciones a las exportaciones que enfrentó por la gripe aviar en el último tiempo, cuyo principal mercado es China. También apuntó a la sobreoferta en el mercado interno y el aumento de los costos.
La planta tiene una dotación de 700 empleados y había cesado su producción en mayo pasado.
La situación fue cuestionada por la Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) y el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación de Concepción del Uruguay (STIA), que difundieron un comunicado en el que expresaron su rechazo a las cesantías. Según las organizaciones sindicales, entre los despedidos hay también delegados de personal. Los gremios, además, cuestionaron “el accionar artero e irresponsable de la empresa frente a la grave situación que atraviesan los trabajadores y trabajadoras”. Ante una consulta de LA NACION, en la empresa respondieron que no tenían nada para aclarar más que un “todo difícil”. Además, confirmaron el número de despidos ejecutados.
En el telegrama a los empleados la empresa les comunicó a los trabajadores que la decisión se encuadra en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, referido a situaciones de falta o disminución de trabajo no imputables al empleador. En una notificación, fechada el 29 de julio en Concepción del Uruguay, Granja Tres Arroyos sostuvo que atraviesa “circunstancias extraordinarias y ajenas a su voluntad” que afectaron de manera directa y sustancial el normal desenvolvimiento de su actividad.
Entre los factores mencionados por la compañía aparecen los brotes de influenza aviar registrados en el país desde el 2023, que —según la empresa— determinaron el cierre y las restricciones de acceso a los principales mercados internacionales de exportación. La firma señaló que esto provocó una “significativa reducción de las exportaciones”, junto con una sobreoferta en el mercado interno y una marcada caída de los precios de comercialización.
A esos factores, la compañía sumó un incremento sostenido de los costos, circunstancias que, según planteó, derivaron en un “profundo deterioro” de su situación económica, financiera y productiva. La empresa también hizo referencia a sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron el normal desarrollo de la actividad y profundizaron la disminución de la producción y de los niveles de faena.
Granja Tres Arroyos también señaló que “había adoptado distintas medidas para preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad posible de puestos de trabajo”. Según explicó, buscó adecuar sus operaciones y reducir sus costos, pero consideró que las medidas implementadas resultaron insuficientes para revertir la crisis y que tampoco fue posible lograr una recuperación rápida de su organización y de su dotación de personal.
Por esos motivos, la compañía comunicó la extinción de los vínculos laborales bajo los términos del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo y señaló que pondría a disposición de los trabajadores la liquidación final y la indemnización prevista en esa norma.
Conflicto
En tanto, la FTIA y STIA cuestionaron la decisión y sostuvieron que los despidos se producen mientras las organizaciones sindicales realizan gestiones con la empresa y los gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba para buscar alternativas que permitan sostener el proceso productivo y reactivar las plantas.
Afirmaron que “los trabajadores de Granja Tres Arroyos vienen atravesando un atraso de más de cinco quincenas en el pago de salarios”, situación que, según indicó, genera una creciente incertidumbre para los empleados y sus familias. Los gremios calificaron los despidos de “masivos” y afirman que no contribuyen a resolver la situación de la empresa. “Con la clara intención de dividir y debilitar a los representantes de los trabajadores entre los despedidos se encuentran delegados de personal”, dijeron.
Reclamaron la preservación de las fuentes laborales y pidieron un “accionar responsable” tanto a la empresa como a las autoridades nacionales. “Los trabajadores no pueden ser quienes paguen las consecuencias de la crisis, en un delicado contexto que requiere compromiso, diálogo, soluciones y no más despidos. Ni ser una variable de ajuste descartable al momento de la especulación empresaria de licuar pasivos, previo a una maniobra concursal”, sintetizaron.
(Fuente: La Nación)
