La muerte de Alejandro Zalazar, el anestesista que se presume que murió de una sobredosis de propofol y fentanilo, destapó una trama que combina consumo de drogas, robos en un hospital y fiestas clandestinas.
La Justicia investiga un caso de administración fraudulenta de medicamentos en el Hospital Italiano de Buenos Aires y un posible desvío de drogas. La causa, que quedó a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, tiene a dos personas imputadas hasta ahora.
Todo comenzó el 20 de febrero cuando Zalazar, que trabajaba como anestesiólogo de guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, fue encontrado muerto en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.
Según el parte policial al que accedió este medio, el cuerpo tenía una vía conectada en el pie derecho, además de la marca de un catéter en el izquierdo. A su lado se encontraron también elementos descartables para inyecciones.
La primera parte de la autopsia determinó que la causa de muerte fue congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, pero aún resta saber la causa de base, que se cree que fue por una sobredosis.
Los imputados
El 23 de febrero, el Hospital Italiano de Buenos Aires radicó una denuncia por faltante de anestésicos, cuya investigación quedó en manos del juez Sánchez Sarmiento.
El 12 de marzo, la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad llevó a cabo tres allanamientos, que finalmente dieron positivo. De esta manera, se determinó que los fármacos que encontraron en la casa del médico fallecido pertenecían al centro de salud.
En paralelo, se viralizó un audio de WhatsApp en el que se refiere a supuestas fiestas llamadas “Propo fest”, que organizaba un pequeño grupo de profesionales de distintos hospitales porteños. Según este testimonio, en esas reuniones se usaban insumos hospitalarios como propofol y fentanilo con fines recreativos.
En el avance del caso, las autoridades identificaron a dos sospechosos: Hernán Boveri, un exprofesional del área de Anestesiología del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, una residente de tercer año de la misma institución que también fue apartada.
Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera y quedaron imputados, por el momento, por administración fraudulenta. Ahora, la Justicia investiga si esos fármacos eran utilizados para usos recreativos en presuntas fiestas sexuales.
A su vez, si bien el audio que se viralizó no forma parte del expediente, la fiscalía sigue otra línea de investigación que se nombra en ese mensaje. Se trata de la venta de “viajes controlados”. Es decir, que por una suma de dinero, se les ofrecería a clientes la posibilidad de experimentar un estado de relajación extrema bajo la supervisión de un “controlador” dispuesto a intervenir en caso de emergencia.
(Fuente: TN)
