Este aumento involucra desde el formulario 01 de inscripción inicial hasta el 08 de transferencia. En enero ya se había aplicado una suba sobre todos esos formularios. Ahora, las subas serían, en torno al 40% según fuentes del sector.
Además, el Gobierno decidió aumentar los ingresos que perciben los encargados de los registros, que estaban frenados desde octubre del año pasado. En promedio, la suba fue del 60%. “Esta medida tiende a garantizar la correcta y eficiente prestación del servicio público a cargo de esas unidades operativas, a través de un servicio de calidad acorde con el valor de los bienes afectados”.
“Es un aumento por inflación. Sin aumentos, el Ministerio de Justicia se quedaría sin ingresos porque bajó mucho la venta de autos”, explicó a Infobae una fuente de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
Apenas asumió, el Gobierno apuntó a una profunda digitalización de todos los trámites, pero ese proceso todavía no se concretó. Los cambios figuran en el DNU 823. Son 13 artículos que modifican artículos e incisos de un decreto de 1958 que luego fue ratificado por una ley de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, donde se regula el régimen jurídico del automotor.
Luego, el Gobierno lanzó una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
También se puso en marcha una fiscalización digital de otros 25 registros. “Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron en ese momento desde la cartera de Justicia.
En cuanto al aumento para los trabajadores, el gremio que representa a los encargados venía reclamando hace tiempo que se suban los emolumentos. “Han transcurrido ya más de tres meses y no hemos tenido ningún tipo de contacto que permita vislumbrar una pronta medida que al menos ayude a paliar en parte el desfinanciamiento que venimos padeciendo. Ninguna autoridad del Ministerio a su cargo tomó contacto con nosotros encontrándonos además de la crítica situación económica con un estado de incertidumbre acerca del devenir”, expresó la Asociación de Encargados de registros (AAERPA) hace diez días en una nota enviada al ministro de Justicia.
